Título
Preliminar: Este Título
establece 10 (diez) lineamientos de gestión ambiental que deben considerar los
titulares mineros en sus actividades mineras entre las que destaca “La
gestión ambiental y social debe ser responsable y proactiva, orientada al
respeto irrestricto de la vida y la salud humana, así como de mejora de la
calidad de vida en general”. “El crecimiento económico, la
protección ambiental y el bienestar social, deben articularse con la finalidad
de contribuir al desarrollo sostenible del Perú y a la satisfacción de las
necesidades de las actuales y futuras generaciones”.
Título I: Establece que el Reglamento tiene por objeto
que las actividades mineras se realicen salvaguardando el derecho a vivir en un
ambiente equilibrado y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, se define los términos que son de aplicación para las
actividades mineras como: Área de influencia Directa (Social y Ambiental), Área
de influencia Indirecta (Social y Ambiental), Área del Proyecto, Certificación
Ambiental, Compensación Ambiental, Componentes Mineros Principales y
Auxiliares, Contaminante Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Detallado,
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Evaluación de Impacto Ambiental,
Evaluación Ambiental Estratégica, Fuentes de información primarias, fuentes de
información secundarias, Gestión Ambiental, Impactos Sociales, Impactos
Directos, Impactos Indirectos, Impactos Sinérgicos, Impactos Acumulativos,
Productos Semiacabados y Finales, Protección Ambiental, Proyecto Minero,
Proyecto Minero en Evaluación, Servicios Ecosistémicos y Unidad Minera.
Título II: Establece que el Ministerio de Energía y
Minas (MINEM) a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
(DGAAM) es la autoridad sectorial competente responsable de la gestión
ambiental y de la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental
detallados y semidetallados y sus modificatorias. Se hace mención al Consejo de
Minería como segunda y última instancia administrativa para conocer y resolver
asuntos ambientales de las actividades mineras, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente fiscalizador, al Ministerio del
Ambiente, al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles, los Gobiernos Regionales que tienen como competencia la evaluación
de instrumentos ambientales de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y otras
autoridades con funciones de nivel sectorial que participan en los procesos de
evaluación de impacto ambiental conducidos por la DGAAM. Asimismo se regula
la Gestión Ambiental Minera y establece que la DGAAM solicita opinión
previa de otras autoridades en casos concretos y opinión técnica especializada
como parte de la evaluación de los Estudios Ambientales, y se faculta a la
DGAAM a coordinar la elaboración de los estudios ambientales antes de su
presentación, aprobar guías y directivas técnicas con opinión previa del MINAM,
entre otras facultades que se describen en dicho capitulo.
Título III: Se establece que el titular minero es
responsable por las emisiones, efluentes y vertimientos, residuos sólidos,
ruidos y vibraciones, y de cualquier otro aspecto de sus operaciones que
excedan los límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental o
afecten la salud de las personas. Así como cumplir con las normas ambientales,
monitoreos y buenas prácticas ambientales. El titular de la actividad minera
debe asegurar que el desarrollo de sus operaciones no afecte la salud de las
personas, la oportuna identificación y el manejo apropiado de todos los
aspectos ambientales, factores y riesgos en sus operaciones, y que se realicen
evitando en lo posible la afectación a bienes y servicios ambientales. En caso
el titular de actividad minera transfiera o ceda sus derechos mineros, el
adquirente o cesionario desde la transferencia queda obligado a ejecutar las
obligaciones y compromisos ambientales que se hayan aprobado en la
certificación ambiental, dentro de los límites y plazos que se hayan aprobado,
lo cual alcanza a los almacenes de minerales.
Título IV: Se establece que para todas las actividades
mineras comprendidas en el presente reglamento que involucren explotación y
beneficio, son categoria III y los proyectos de labor general, transporte o
almacenamiento de minerales se clasifican en Categoría II o III, por lo cual
deberán ser evaluados a través de un EIA-sd o EIA-d o de su correspondiente
modificación. Asimismo, se indica que se realizará la categorización del
proyecto y las actividades mineras en EIA-sd o EIA-d, se aprobarán Términos de
Referencia Comunes para dichas categorías mediante Resolución Ministerial y
Términos de Referencia Específicos, cuando sus componentes y/o actividades se
localicen en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables ubicados en áreas
naturales protegidas, zonas de emergencia ambiental, bosques primarios o en
concesiones forestales, glaciares, entre otros, o cuando las actividades
mineras comprendan el drenado o transvase de lagos o lagunas, la explotación de
minerales radioactivos, el reasentamiento involuntaria de una población, entre
otras actividades, o a requerimiento del titular del proyecto, la DGAAM o el
SENACE. Se establece que los EIA-sd y EIA-d deben ser elaborados por una
consultora registrada sobre la base del proyecto minero y sus componentes
diseñados a nivel de factibilidad y el alcance de los estudios ambientales
comprenderá de manera indivisa todos los componentes de esta, tanto principales
como auxiliares.
Se regula las
características técnicas de los estudios ambientales, la estrategia de manejo
ambiental que permita organizar las acciones para ejecutar de manera oportuna y
adecuada, las medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Monitoreo Ambiental, Plan de Contingencia Ambiental, Plan de Compensación
Ambiental, cuando corresponda, Plan de Cierre Conceptual, Plan de Gestión
Social, y otros Planes que por la naturaleza o ubicación del proyecto minero,
se requiera. Asimismo, establece que el EIA-sd o EIA-d debe contener la
valoración económica del impacto ambiental que comprenderá la estimación de los
impactos ambientales significativos del proyecto, que han sido identificados en
el estudio de impacto ambiental.
Título V: Se establece la obligación de incorporar los
aspectos sociales en la evaluación del impacto de los proyectos mineros y
define como principios de la Gestión Social: el enfoque de desarrollo
sostenible, excelencia ambiental y social, cumplimiento de acuerdos,
relacionamiento responsable, empleo local, desarrollo económico y dialogo
continuo, interculturalidad, participación y el derecho de consulta de acuerdo
al ordenamiento vigente.
Asimismo, se describen los criterios para la
determinación del Área de Influencia Social, Participación Ciudadana y el
contenido del Plan de Gestión Social. Se establece que el OEFA es competente
para la fiscalización de los planes y compromisos que forman parte del
Plan de Gestión Social aprobado en los estudios ambientales. La Oficina General
de Gestión Social efectúa el seguimiento a los compromisos sociales vinculados
a este plan y todos aquellos que se dieran con posterioridad a la aprobación
del estudio ambiental. De igual forma se regula el alcance de la evaluación de
aspectos sociales, características de la Línea Base Social y Análisis del
Impacto Social y del Monitoreo de los compromisos sociales. Para ellos el
titular deberá proponer indicadores de cumplimiento para los compromisos
sociales.
Título VI: Se regulan de forma general la construcción y
manejo de instalaciones, control de emisiones fugitivas y otras descargas no
dirigidas indicándose que en los Estudios Ambientales deben considerarse
medidas para la prevención y control ambiental de estas emisiones, también se
regula la utilización de materiales radioactivos, manejo de residuos sólidos y
transporte de materiales peligrosos. De igual forma se regula el manejo
ambiental de las actividades de explotación, concentración de minerales,
extracción Hidrometalúrgica, Pirometalúrgica, refinación, Transporte Minero
Convencional y No Convencional, Almacenamiento de minerales y/o concentrados en
puerto o en zonas aledañas.
Título VII: Se establece que la evaluación del impacto
ambiental de los proyectos mineros o sus modificatorias, se realiza a través de
un procedimiento administrativo tramitado ante la DGAAM, para dirigirlo y
llevarlo a término, en tanto no concluya el proceso de la transferencia de
competencia al SENACE para la evaluación de los EIA-d. Se indica que la segunda
instancia administrativa para conocer y resolver los recursos impugnativos
interpuestos es el Consejo de Minería. Los plazos son improrrogables y es
responsabilidad del titular y la autoridad cumplirlos salvo causa justificada,
caso fortuito o fuerza mayor. De igual forma se regula el procedimiento de
evaluación y aprobación de los términos de referencia específicos,
procedimiento de Evaluación del estudio de impacto ambiental detallado y
semidetallado, determinándose los casos de declaratoria de inadmisibilidad,
improcedencia, aprobación y desaprobación del trámite y se regula los requerimientos
de opinión técnica a otras autoridades y se precisa que es Opinión Técnica
Favorable –vinculante-, Opinión Técnica Obligatoria y Opinión Técnica
Facultativa estableciéndose plazos para dichas solicitudes de conformidad con
la Ley N° 30230.
En el caso de
la Opinión Técnica Favorable, no se podrá aprobar el estudio ambiental sin la
opinión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNANP), Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), las cuales serán competentes
dependiendo del emplazamiento del proyecto de inversión. En el caso de las
opiniones no vinculantes de no emitirse dentro del plazo establecido la
autoridad ambiental competente continuará la evaluación correspondiente.
La evaluación
de los estudios ambientales o modificatorias se realizará exclusivamente a
través del Sistema de Evaluación en Línea –SEAL- para explotación, que es un
módulo informático desarrollado por la DGAAM que permite la presentación y
evaluación de los Estudios Ambientales por internet, lo que generará un
expediente virtual y de acceso remoto al que estarán interconectados las
autoridades que emiten opinión técnica vinculante como el ANA o el SERNANP.
Título VIII: Se establece que el titular de la actividad minera
deberá implementar registros y reportes sobre sus actividades, conforme a lo
establecido en sus estudios ambientales y la normativa vigente, los cuales se
deberán poner a disposición de la entidad fiscalizadora, cuando ésta lo
requiera. Asimismo se detallan los reportes y registros con que debe contar el
titular minero, entre ellos el reporte de accidentes ambientales y reporte de
sostenibilidad ambiental.
Título IX: Se establece que la alta gerencia del titular
minero debe implementar un sistema de gestión ambiental a fin de asegurar la
prevención de accidentes ambientales y la no afectación de ambiente así como
establecer una Política Ambiental para la unidad minera, que deberá contar con
una matriz de obligaciones ambientales en la que se sistematice el conjunto de
obligaciones ambientales exigibles al titular minero.
Disposiciones
Complementarias y Finales: En estas
disposiciones se regula la obligación de integrar los estudios ambientales
cuando los titulares mineros que respecto de una misma unidad minera cuentan
con dos o más estudios de impacto ambiental o modificaciones a éstos; o
Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) y estudios de impacto ambiental;
deberán integrar el contenido de los planes de todos estos documentos y
actualizar su plan de manejo ambiental de conformidad a los Términos de
Referencia Específicos que apruebe el MEM para la integración, de tal forma que
cuenten con un solo instrumento de gestión ambiental para su unidad minera.
Para este efecto, se deberá presentar un Estudio Ambiental Integrado
conteniendo las condiciones actuales ambientales de la operación minera en un
plazo no mayor de 2 años de aprobado los términos de referencia por el
MEM. Asimismo se establece el procedimiento y plazos para su evaluación.
Asimismo se establece la actualización obligatoria del Plan de Manejo Ambiental
y otros planes en el caso que el titular solo cuente con un PAMA.
También se
establece y regula la adecuación de actividades y/o proyectos de actividades
mineras tales como exploración, explotación, beneficio, o actividades conexas o
vinculadas a éstas y/o construido o componentes, realizados sin modificar
la Certificación Ambiental correspondiente, aprobada por la autoridad
competente, para lo cual deberá el titular deberá declarar lo ejecutado ante la
DGAAM y el OEFA de 60 días improrrogables para luego presentar una memoria
técnica en el plazo de 90 días calendario y presentar una modificación del Plan
de Manejo o Modificar su EIA-d para adecuar dichas operaciones. Se establece el
procedimiento y plazos para esta adecuación, lo cual implica el desistimiento
de impugnaciones procedimientos sancionadores iniciados, así como el pago de
multas asociadas a estos componentes.
Se regula un
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) para que los titulares
mineros, que hayan construido o tengan instalaciones y/o componentes en sus
unidades mineras, al amparo de instrumentos ambientales que hayan perdido
vigencia, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, puedan
presentar ante la DGAAM, para que sus instalaciones y/o componentes de sus
operaciones, cumplan con la normatividad ambiental vigente, así como con las
condiciones técnicas y de seguridad correspondientes. El plazo máximo para la
presentación de los Términos de Referencia Específicos para la elaboración del
IGAC será de 60 días hábiles de la entrada en vigencia del reglamento y
para presentar el IGAC de 180 días desde la aprobación de los TdR.
En cuanto a
la entrada en vigencia del Reglamento se realizará al día siguiente de la
publicación de la Resolución Ministerial que aprueba los Términos de Referencia
Comunes para la Elaboración de los EIA-d y EIA-sd. Se establece un plazo de 90
días de publicado el reglamento. Los estudios ambientales presentados antes de
la entrada en vigencia del reglamento o aquellos que se encuentren en
elaboración y hayan realizado el segundo taller informativo previo o un
mecanismo de participación ciudadana, con anterioridad a la entrada en vigencia
del reglamento, se tramitarán con las normas anteriores hasta su culminación.
Se precisa la
competencia de la DGAAM para seguir evaluando los EIA-sd y EIA-d mientras se
concluya con el proceso de transferencia de competencias al SENACE para los
EIA-d.
Disposiciones
Complementarias Derogatorias.
Establece la
derogatoria del Decreto Supremo N° 016-93-EM, Reglamento Ambiental para
actividades minero metalúrgicas y el Decreto Supremo Nº 053-99-EM, que modifica
el reglamento de procedimientos mineros, y sus normas modificatorias.
Finalmente
establece que los procesos de fiscalización y sanción iniciados bajo las
disposiciones del Decreto Supremo Nº 016-93-EM y normas modificatorias, se
siguen rigiendo por dichas disposiciones hasta su conclusión.
En la próximas entradas continuaremos analizando los principales cambios introducidos
por este reglamento en el marco de la regulación ambiental para el desarrollo
de las actividades mineras en el Perú.
THE NEW OF ENVIRONMENTAL REGULATION FOR MINING ACTIVITIES IN PERU
After 21 years, by way of Supreme Decree No.
040-2014-EM, the new Rules of Environmental Protection and Management for
Operating Activities, Benefit, General Labor, Transportation and Storage Mining,
were published today. Previous posts have discussed some aspects of the process
by which the norm was crafted. This will be delineated in the first 3 entries, which
will explain the main changes introduced in the regulation of environmental
legislation as it applies to mining activities.
SKELETON
If the organs of the human being are supported by the
skeleton, the text of a rule has a structure. The index tells us that the regulation
framework is composed of a Preliminary Title and 9 Titles containing 153
articles, 10 Supplementary Provisions Finals and 1 Arrangement Complementary
Repeal
Preliminary Title:
Title I: General Provisions.
Title II: Competence in Environmental Management
Mining.
Title III: General Obligations.
Title IV: Environmental Studies for the development of
mining activities operating profit, General labor, transport and storage of
ores and concentrates.
Title V: social issues in mining.
Title VI: Technical measures applicable to mining
activities.
Title VII: The procedure for approval of Environmental
Assessments and amended.
Title VIII: The fulfillment of the obligations in
environmental studies.
Title IX: environmental management during project
implementation
Supplementary Provisions Finals.
Supplementary Provisions Waivers.
BODY
It is imperative to know the full scope of the
standard. Because of its size and
complexity, we can only make general references in this post but at least this
will help us to understand and know the legal corpus and its component parts.
Preliminary Title: This title outlines ten (10) environmental
management guidelines to be considered by mine owners in their mining
activities, among which this one needs to be highlighted: "Environmental and social management of
mining activities must be responsible, proactive, focused on unconditional
respect for life and health human, as well as the improvement of the overall
quality of life ". "Economic growth, environmental protection and
social welfare, should be articulated in order to contribute to the sustainable
development of Peru and in order to meet the needs of present and future
generations."
Title I: Establishes that the regulatory framework has as an
objective that mining activities be carried out so as to protect the right to
live in a balanced environment and in line with the sustainable use of natural
resources. Likewise, the terms that apply to mining activities are defined as:
Area of Direct Influence (Social and Environmental) Indirect Area of Influence
(Social and Environmental) Project Area, Environmental Certification,
Environmental Compensation and Principal Components Miners auxiliary,
Environmental Contaminant Detailed Environmental Impact Study, Semi-detailed
Environmental Impact Study, Environmental Impact Assessment, Strategic
Environmental Assessment, sources of primary data, secondary sources, Environmental
Management, Social Impact, Direct Impact, Indirect Impacts, Synergistic Impacts
, Cumulative Impacts, and Products Semi-Finals, Environmental Protection,
Mining Project, Mining Project evaluation, Ecosystem Services and Mining Unit.
Title II: states that the Ministry of Energy and Mines (MEM)
through the Directorate General of Mining Environmental Affairs (DGAAM) is the
competent authority responsible for sectorial environmental management and
assessment and for the approval of the detailed environmental impact studies
and semi-detailed, as amended. Mention
is made of the Council of Mining as the second and final administrative
authority to hear and resolve environmental issues of mining activities, the
Agency for Assessment and Environmental Control (OEFA) as the oversight body,
the Ministry of Environment, the National Service of Environmental
Certification the Sustainable Investment, Regional Governments, all of which
have as a duty the evaluation of environmental tools for Small and Artisanal
Mining. Other authorities have sectorial
level functions involved in the process of environmental impact assessment
conducted by the DGAAM. Mining Environmental Management also regulates and sets
that the DGAAM needs the prior opinion of other authorities in specific cases
and a specialized technical review as part of the evaluation of Environmental
Studies. It also empowers the DGAAM to
coordinate the undertaking of environmental studies before the submission of
guidelines. It also approves technical
directives with the prior opinion of the MINAM, among other prerogatives described
in this chapter.
Title III: It is established that the mining company is
responsible for emissions, effluents and discharges, solid waste, noise and
vibration, and any other aspect of their operations that exceed the maximum
permissible limits, environmental quality standards or affect the health of
individuals and it must comply with environmental standards, monitoring and
good environmental practices. The title holder of the mining activity must
ensure that the conduct of its operations does not affect the health of
people. It is responsible for the early
identification and appropriate management of all environmental aspects, factors
and risks in their operations, and it must avoid possible effects on
environmental goods and services. If the title holder of mining transfers or cedes
its mining rights, the purchaser or new owner is obliged to enforce the environmental
obligations and commitments that have been approved in the environmental
certification, within the limits and deadlines that have been enacted, which includes
mineral warehouses or stores.
Title IV: It states that for all included mining activities in
these rules involving mining and processing, are category III. Draft general labor, transportation or
storage of minerals are classified as Class II or III, which must be assessed
through an EIA or EIA-sd-d or the corresponding modification. It also indicates
that the categorization of the project and mining in EIA-sd or EIA-d be held,
common terms of reference for these categories will be approved by Ministerial
and Terms Resolving Specific reference when its components and / or activities are
located in fragile or vulnerable or protected areas, environmental emergency
areas, primary forests or forest concessions, glaciers, etc., or when mining comprises
the draining of lakes or ponds, the exploitation of radioactive minerals the
involuntary resettlement of a population, among other activities, or by order
of the owner of the project, DGAAM or SENACE.
It states that the EIA and EIA-sd-d must be prepared by a consultancy
registered with the mining project. Its
components must be designed so that the feasibility level and scope of
environmental studies are comprised in an undivided manner, including all
components of this, both main and auxiliary.
Technical characteristics of regulated environmental
studies, environmental management strategy that allows to organize actions to
execute in a timely and appropriate manner, the measures contained in the
Environmental Management Plan, Environmental Monitoring Plan, Environmental
Plan Contingency Plan where appropriate, Conceptual Closure Plan, Social
Management Plan, and other plans that the nature or location of the mining
project, requiring Environmental Compensation. It also states that the EIA or
EIA-sd-d must contain the economic valuation of its environmental impact,
including the estimation of the significant environmental impacts of the
project identified in the EIS.
Title V: the obligation to incorporate the social impact
assessment of mining projects. The
following are defined as principles of social management: the focus on
sustainable development, environmental and social excellence, compliance
agreements, responsible relationships, local employment, economic development
and ongoing dialogue, multiculturalism, participation and consultation rights
under the current system.
Also, the criteria for determining the area of Social
Influence, Citizenship and Social Content Management Plan are described. It
specifies that the OEFA has the jurisdiction to audit plans and commitments
that are part of Social Management Plan approved in environmental studies. The
General Social Management Office follows and supervises all of the social
commitments that are linked to this plan and all of those that were forged
after the approval of the environmental study.
Likewise, the scope of the evaluation of social aspects is regulated, as
well as the features of Social Baseline and Social Impact
Analysis and Monitoring of social commitments. For them, the licensee shall
propose performance indicators for social commitments.
Title VI It regulates
the construction and operation of facilities, control of fugitive emissions and
other discharges not addressed. Measures
for the prevention and environmental control of these emissions must be taken
into consideration in Environmental Studies.
The use of materials is also regulated as well as the radioactive, solid
waste management and transportation of hazardous materials. Likewise, the
environmental management of operating activities, mineral concentration,
hydrometallurgical extraction, pyro-metallurgical, refining, transportation
Conventional and Unconventional Mining, Minerals Storage and / or concentrated
in port or surrounding areas is regulated.
Title VII: It states that the environmental impact assessment
of mining projects (or their modified versions), is made through an
administrative procedure managed via the DGAAM, so as to direct it and carry it
to completion, as long as the process of the transfer of jurisdiction SENACE
for evaluating the EIA-d is not completed. It is noted that the second
administrative courts with the task to hear and resolve appeals objections is
the Council of Mining. The deadlines cannot be extended and it is the
responsibility of the owner and authority to comply with them except in cases
of just cause, acts of God or force majeure. Likewise, the procedural
assessment and approval of specific terms of reference, assessment procedure
EIS will be regulated, and will determine which cases are declared
inadmissible, inappropriate. The
approval and disapproval of the process is controlled and regulated
requirements technical advice to other authorities and states that is –binding-
Pro technical Opinion, opinion and Discretionary Mandatory technical Opinion
establishing deadlines for the applications in accordance with Law No. 30230.
For the Technical Review Pro, EIS cannot be approved without
the opinion of the National Water Authority (ANA), National Service of
Protected Areas (SERNANP), General Directorate of Environmental Health (Digesa)
and National Forest Service and Wildlife (SERFOR), which will have such
authority depending on the location of the investment project. In the case of
non-binding opinions not issued within the prescribed period, the environmental
authority will continue to carry out an evaluation.
The assessment of environmental studies or amendments is
to be made exclusively through the Online Assessment System -SEAL- for
exploitation, which is a software module developed by DGAAM, which allows the
presentation and evaluation of Environmental Studies online, generating a virtual
and remote access file to be interconnected to the authorities that issue the binding
technical opinion as ANA or SERNANP.
Title VIII: It is established that the holder of the mining
activity must implement records and reports on its activities, as set out in
its environmental studies and regulations, which it shall make available to the
regulator, when the latter requires it. It also specifies the reports and records that
must be the owner mining must possess, including environmental reporting
accidents and the environmental sustainability report.
Title IX: Requires senior management of the mining company to implement
an environmental management system so as to ensure the prevention of
environmental accidents and to prevent damage of the environment, as well as to
establish an environmental policy for the mining unit, which must have an array
of environmental obligations that summarizes the matrix of environmental
obligations the mining holder must follow.
Complementary and Final
Provisions: These
provisions regulate the need to integrate environmental studies whenever mining
holders headlines possess two or more environmental impact studies (or
amendments thereto); or Program Management and Environmental Adjustment (PAMA)
and environmental impact studies. They
holders must integrate the curriculum content of all these documents and update
their environmental management plan pursuant to the Specific Terms of Reference
approved by the MEM for integration, so that they have a single instrument for the
environmental management of their mining unit. To this effect, an Integrated Environmental
Impact Study containing the current environmental conditions of the mining
operation must be presented within no more than 2 years from the date of the
terms of reference approved by the MEM Environmental Study. The procedure and timeframe
for its evaluation are also established. The mandatory Environmental Management
Plan must be updated, as well as other plans in the event that the owner only
has one EAP.
It also establishes and regulates the appropriateness
of activities and / or projects of mining activities including exploration,
exploitation, processing, or related activities or related to, and / or
constructed or components, to be performed without modifying the corresponding
Environmental Certification and approved by the corresponding authority with
jurisdiction over the matter. For this
purpose, the holder must declare that the plan has beencarried out to the DGAAM
and the OEFA in the timeframe of non-extendable 60 days, and then file a
technical report within 90 calendar days and present a modification of the
management plan or Modify Your EIA-d to adjust such transactions. The procedure
and terms set for this adaptation involves the withdrawal of challenges as
pertains to penalty proceedings already initiated as well as fines associated
with these components.
An Instrument of Corrective Environmental Management
(IGAC) is regulated so that mine owners who have built or maintain facilities
and / or components at their mining units under environmental instruments that
have lapsed, subject to the penalties that may apply they can be submitted to
the DGAAM for their facilities and / or components of their operations, comply
with applicable environmental regulations, as well as the relevant technical
and safety conditions. The deadline for submission of the Specific Terms of
Reference (TdR) for the development of the IGAC is 60 business days from the
effective date of the regulation and the IGAC must be presented within 180 days
from the approval of the TdR.
As regards the entry into force of the Regulation,
this will occur the day after the publication of the Ministerial Resolution
Approving the Common Terms of Reference for the Preparation of EIA and
EIA-d-sd. A period of 90 days from the day of the publication of the regulation
is established. Those environmental studies submitted before the entry into
force of the regulations or those that are in development and have undertaken the
second workshop previously or a mechanism for citizen participation before the
effective date of the regulations, will be governed by earlier standards until
their completion.
DGAAM has competency to continue to evaluate the EIA
and EIA-sd-d while the process of transference of competencies to SENACE for
EIA-d is completed.
Supplementary Provisions Waivers.
Sets the repeal of Supreme Decree No. 016-93-EM,
Environmental Regulation for metal mining activities and Supreme Decree No.
053-99-EM, which modifies the regulation of mining methods, and its amendments.
Finally, it is established that processes of monitoring
and penalization initiated under the provisions of Supreme Decree No. 016-93-EM
and amendments, are still governed by these provisions until their conclusion.
Future posts will continue to analyze the main changes
introduced by this set of rules within the framework of environmental
regulation for the development of mining in Peru.
